Miedo de la burguesía

Castillo añade: "... he decidido defender los derechos de los miembros de la Confederación (!), afrontando todas las consecuencias. No me importan en absoluto las medidas que pueden adoptar en mi contra. Por el momento, los trabajadores mantienen la calma, pero me manifiestan a diario su malestar y su inquietud". (La Tercera, 17/7/78).

En estas pocas palabras se ven todas las presiones de la base obrera sobre la burocracia sindical, que, al tiempo que se ve obligada a distanciarse de la Junta y la patronal, hace una serie de advertencias. Al igual que en El Teniente, también en El Salvador hubo una huelga en noviembre de 1977, disfrazada de "absentismo laboral", por cuestiones económicas y los malos tratos infligidos por los mandos. La Tercera "simpatiza" con los trabajadores, afirmando que los mandos "están desafiando directamente la posición de las autoridades (!) sobre la materia" y que "con sus erradas actitudes sólo contribuyen a generar intranquilidad social".

Tal "interés benevolente" por los problemas de los mineros demuestra el miedo creciente de la burguesía ante un posible resurgimiento del movimiento obrero, especialmente en el sector del cobre, que supone el 60% de los ingresos en divisas para el presupuesto nacional. Ésta es la causa de las peticiones de la prensa burguesa al gobierno para que "investigue las denuncias laborales", para evitar cualquier perspectiva de conflicto.

El miedo de la burguesía se extiende a la Junta. No por casualidad, desde el primer momento, Leigh Guzmán centró sus críticas al gobierno en la política económica. Ya en agosto de 1975, Leigh se quejó de que la política económica de la Junta estaba "causando sufrimientos intensos en las clases más desfavorecidas (...) El coste social de esta política supera lo que yo esperaba. La cesantía [desempleo] está alcanzando unos niveles más altos de los previstos y las clases más pobres sufren de una forma intensa".

Por supuesto, las lágrimas de cocodrilo de este militar reaccionario no están provocadas por ningún remordimiento de conciencia, sino por el miedo a las consecuencias sociales que pueda provocar esta situación. El mismo Pinochet ha convocado reuniones con los burócratas sindicales repetidas veces este año, para enterarse de la situación e intentar buscar una salida.

Por su parte, la burocracia sindical estaría encantada de poder llegar a un entendimiento con el gobierno y la patronal. Pero la situación catastrófica del capitalismo chileno no les deja un margen de maniobra lo suficientemente amplio. Los empresarios no están dispuestos a hacer concesiones; los trabajadores y sus familias no están en condiciones de aguantar más. Es una receta acabada para una explosión social.

Los dirigentes sindicales de los funcionarios públicos califican de "insuficiente" un incremento salarial del 10%. Insisten en que su "petición" es urgente "porque la situación económica de los empleados fiscales es difícil". El presidente de Fentema (Federación Nacional de Trabajadores Electrometalúrgicos y Automotrices), en una carta dirigida a La Tercera (10/7/78), atribuye la disminución del poder adquisitivo a "la falta de negociación colectiva con los empresarios y las facilidades para despedir personal". En esta carta, Castro también describe de forma gráfica los efectos de la política económica de la escuela de Chicago y la "puerta abierta", cuando señala que "... las importaciones masivas en detrimento de la industria nacional y el deterioro del poder adquisitivo son los factores básicos del desempleo y de la recesión económica. Fentema ha sido uno de los principales perjudicados, pasando de 12.000 afiliados en 1973 a sólo 7.000 en junio del 78. La cesantía en el gremio se debe a la reducción de empresas armadoras (de 14 a 3 hoy) y a la rebaja arancelaria de importadoras de las electrónicas".