Si la situación de los obreros es penosa, la de los campesinos y sus familias es mil veces peor. La reforma agraria ha sido sistemáticamente minada por la Junta, que ha devuelto las mejores tierras expropiadas a los antiguos latifundistas.
"Hasta el 31 de julio de 1976, de los 5.809 predios expropiados, con una superficie de 9.965.868 hectáreas físicas, equivalentes a 895.752 hectáreas de riego básicas, se han devuelto a sus antiguos propietarios 1.415 predios íntegramente, con 1.992.217 hectáreas físicas, equivalentes a 117.775 hectáreas de riego básicas, y además se han efectuado devoluciones parciales de 2.109 predios con 649.159 hectáreas físicas, equivalentes a 104.959 hectáreas de riego básicas: en consecuencia, se ha devuelto, en total, hasta el 31 de julio de 1976, una superficie de 2.641.377 hectáreas físicas, equivalentes a 222.736 hectáreas de riego básicas, poco más de un 25% de toda la tierra expropiada por la reforma agraria durante los gobiernos de Frei y Allende". (Chile-América, nov. 1976-enero 1977, p. 35)
Según Enrique Mellado, presidente de la Confederación "El Triunfo Campesino", de tendencia democristiana, incluso los campesinos que siguen teniendo tierras viven mal: "Se quedan con el casco solamente. Sin animales, sin maquinaria. Tienen apenas para procurarse abono, semillas, fertilizantes, pesticidas y el diario sustento. Las familias del sector reformado apenas están subsistiendo. Hay gente que dice que nadie se muere de hambre en el campo porque hay de todo. La verdad es que se cosechó uno o dos productos y nadie puede vivir comiendo porotos y papas todo el año".
Preguntando sobre los asalariados del campo, Mellado contesta: "Yo diría que es el sector que está peor en el país. Ganan el mínimo establecido por la ley: 600 pesos aproximadamente".
Y sobre el desempleo en el campo: "En las encuestas oficiales de desempleo, la agricultura aparece junto a otros rubios y no se puede, por lo tanto, precisar en qué grado ha afectado la desocupación a los trabajadores agrícolas. ¿Hay cesantes en el campo? -Claro que sí, y el latigazo más fuerte lo ha sufrido el sector reformado por el sistema de propiedad que está propiciando el gobierno. La tierra que se divide necesariamente es insuficiente para la gente que la trabaja. Un 25% de los trabajadores agrícolas, como mínimo, quedan sin trabajo cuando se asigna un predio.
¿Y qué hace un campesino cesante? -Se queda sin tierra y sin casa. Trabaja en el empleo mínimo y se allega a los parientes que viven más cerca".
Y a continuación, este dirigente campesino democristiano hace una observación muy significativa:
"Lo que pasa es que los patrones volvieron a tener la sartén por el mango y el gobierno no hizo nada para evitarlo. Entonces, ¿para qué y para quiénes fue el pronunciamiento militar? Para mí significaba justicia para todos". (Chile-América, p. 36).
La política económica del gobierno ha fracasado también en la agricultura. Según la revista Ercilla (20/9/76), que cita cálculos de distintos expertos, la producción agrícola ha caído de forma drástica después del golpe de Estado:
"Fijando la base 100 para 1971, la de 1974 seria 81’6; la de 1975, 83’4; y la de 1976 desciende a 73’8. De modo que la producción agrícola por habitante del año 1976 sería un 10’4% inferior a la de 1975 y un 26’4 inferior a la de 1971. Eso con un país en ’, ‘pacificado’, sin ‘conflicto de clases’ y sin paro de camioneros". (Chile-América, p. 37).
El intento de aplicar los métodos de la "libre empresa" y la "puerta abierta" ha significado la depauperación de amplios sectores de la clase obrera y el campesinado, e incluso la ruina para ciertos sectores de la misma burguesía. La incapacidad de los capitalistas chilenos para competir con la avalancha de importaciones extranjeras ha provocado una cadena de cierres de fábricas. Incluso algunos sectores de los grandes agricultores han sufrido los efectos de dicha política. Domingo Durán, dirigente de los terratenientes del sur de Chile, dijo que la política del ministro de Hacienda "llevaría a la ruina a la agricultura nacional", y aclaró que "la importación aprobada de vino argentino por el Banco Central, significa la apertura hacia una política que conduce a un serio colapso de nuestra agricultura".
El profundo descontento de las masas de obreros, campesinos y pequeños propietarios se ve reflejado en el cambio de actitud de la jerarquía de la Iglesia y la Democracia Cristiana de cara al régimen. Antes, durante y después del golpe de Estado, la jerarquía eclesiástica se puso abiertamente del lado de la reacción. El 28 de septiembre de 1974, un año después del golpe, cuando la represión, la tortura y las masacres estaban en pleno apogeo, el comité permanente del Episcopado de Chile, dirigido por el cardenal Raúl Silva Henríquez, ofreció a la Junta su "cooperación en el desarrollo espiritual y material de Chile", afirmando la voluntad de la Iglesia chilena de participar en la "pacificación espiritual" del país. Pero bajo la presión de las masas de trabajadores, campesinos y capas medias, la Iglesia se ha visto obligada a distanciarse cada vez más de la dictadura, haciendo críticas ya no sólo referentes a los desaparecidos y los detenidos, sino también a la política económica del gobierno. La Vicaría de la Solidaridad ha sido acusada de recoger fondos para financiar huelgas. La heroica campaña llevada a cabo por las familias de los desaparecidos es otro síntoma de que el miedo a la represión está disminuyendo poco a poco. El día 19 de julio de 1978 se celebró en pleno centro de Santiago una manifestación pacífica a favor de los derechos humanos, la democracia y la libertad. La manifestación, de cerca de un centenar de jóvenes universitarios, se autodisolvió rápidamente sin que hubiera intervención por parte de los carabineros.
La creciente oposición de las masas, el fermento de las capas medias y los claros síntomas de división y debilidad en el seno de la Junta permiten a los liberales burgueses levantar una tímida y temblorosa voz contra los "excesos" de la dictadura. En un discurso, el 1 de julio de 1978, el presidente de la Asociación Nacional de Prensa se permitió el lujo de expresar una tibia protesta contra la censura: "La prensa no debía ser controlada por leyes especiales. La situación que en la actualidad vive el país no justifica la existencia de algunas disposiciones restrictivas".
Esta situación también explica el cambio de postura de la Democracia Cristiana. Este partido de los explotadores políticos de la clase media juega a situarse, en tiempos "normales", entre los "conservadores" por un lado y los "marxistas" por otro. Como vimos antes, su papel es el de engañar y confundir a los millones de campesinos, pequeños comerciantes y obreros políticamente atrasados, para mantenerlos bajo el dominio del gran capital.
El papel totalmente contrarrevolucionario de la DC fue suficientemente demostrado por su actitud hacia el gobierno Allende. En la primera etapa, los parlamentarios democristianos actuaron como complemento "respetable" de los grupos fascistas, boicoteando sistemáticamente al gobierno de la UP. El voto de censura del Congreso contra el gobierno Allende facilitó enormemente la tarea de la contrarrevolución, dando luz verde a Pinochet, pues ya tenía un pretexto "constitucional" para intervenir.
Después del 11 de septiembre, los dirigentes democristianos esperaban que los militares les agradecieran su ayuda. Desgraciadamente para ellos, hay muy poca gratitud en la política. Destruido el viejo equilibrio, y con una dictadura militar feroz instalada en el poder, los servicios de los "intermediarios" democristianos no eran interesantes. A pesar de todos sus intentos de acercarse a la Junta, Pinochet se reía de ellos abiertamente, calificándoles, no sin razón, de "políticos desplazados del poder que ahora intentan mantenerse a flote".
Poco a poco, la represión empezó a alcanzar a los democristianos también, aunque, desde luego, no de la misma manera que a obreros y campesinos. A estos señores ni los fusilaban ni los torturaban. Simplemente los "desplazaron del poder". Perdieron sus escaños y su situación privilegiada en la vida política. Como mucho, algunos de ellos sufrieron un destierro relativamente cómodo en el interior del país.
Una vez rechazados sus servicios, la obsesión común de los dirigentes de la DC fue volver cuanto antes a la "normalidad", o sea, tener nuevamente sus morros metidos en la pocilga, temporalmente ocupada por otros. Además, estos habilidosos se percataron de que el régimen de Pinochet no podía durar siempre, y que cualquier elemento comprometido con él perdería toda credibilidad ante las masas. Un viejo zorro como Frei comprendió que, aunque hoy sus servicios eran superfluos para la burguesía, mañana, tras la caída de Pinochet, iban a ser más necesarios que nunca. Por eso, cínicos profesionales como él están buscando su nuevo "certificado de buena conducta democrática" de cara al futuro.
El 13 de julio de 1978, Frei salió en las páginas del semanario Hoy con un artículo titulado "El retorno a la democracia", en el que advierte a la clase dominante de los peligros que supone para ella la continuación del régimen dictatorial. Analizando la experiencia de Portugal, Alemania, Italia y España, llega a la conclusión de que "todos los esfuerzos por destruir o aniquilar a las fuerzas políticas han resultado estériles" y que "mientras más se prolonguen, más vigorosas renacen las fuerzas democráticas antagónicas o las que mejor trabajen en la clandestinidad".
Con estas palabras, el dirigente de la DC quiere advertirles a los capitalistas y terratenientes chilenos que la dictadura no ha servido para destruir el movimiento obrero, pero sí para radicalizarlo cada vez más, empujando a las masas hacia "fuerzas democráticas antagónicas" (?) o "las que mejor trabajen en la clandestinidad", que no son precisamente los líderes "moderados" de la DC o la socialdemocracia.
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